El gobierno de Venezuela decidió «suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos» en el país y otorgó un plazo de 72 horas para que los funciones de esta dependencia abandonen el territorio nacional.

Un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores acusa a la instancia de actuar de manera «sesgada» contra Venezuela y señaló que la suspensión se mantendrá hasta que los funcionarios designados por el Alto Comisionado de DDHH de la ONU «rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas».

Además, el Gobierno venezolano anunció que iniciará, durante los próximos 30 días, una «revisión integral» de la carta de entendimiento suscrita con el organismo multilateral.

«Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarle como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país», dice textualmente el comunicado oficial.

Y añade que frente a estas situaciones, «las instituciones venezolanas han actuado con paciencia y por la vía del diálogo procurando una y otra vez reconducir el accionar de la Oficina del Alto Comisionado hacia el respeto a la verdad, la legalidad internacional y las normas que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos».

En otra parte del documento, el Gobierno compara la actuación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela con la «inacción de esta burocracia internacional» frente a la «barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino en un contexto de total impunidad».

En cambio, «esta oficina del Alto Comisionado resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del papis con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones».

Fuente: Banca y Negocios