La magnitud de la deuda de Venezuela —y la composición de sus acreedores— determinará en gran medida las pérdidas que afrontarán los inversores en lo que podría convertirse en una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana de la historia.
Venezuela lleva años sin publicar estadísticas exhaustivas sobre su deuda, y las sanciones impuestas en 2017 la aislaron en gran medida del sistema financiero occidental. Caracas había anunciado su intención de completar una evaluación integral de la deuda para finales de junio; aunque los inversores esperan ahora que se presente este mes, no está claro si dicha información se divulgará de manera más amplia.
La mayoría de los analistas estimaba una deuda de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, pero el medio Financial Times informó que Venezuela se disponía a revelar un volumen de deuda mayor de lo previsto, alcanzando los 240.000 millones de dólares.
A continuación, se detallan algunos aspectos de lo que se sabe -y lo que se desconoce- sobre el volumen de la deuda venezolana:
¿Cuánto debe Venezuela en bonos?
En mayo, Venezuela anunció su intención de reestructurar la deuda externa comercial pendiente en eurobonos, emitida tanto por el gobierno como por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El valor nominal total de estos bonos asciende a unos 60.000 millones de dólares, pero han seguido acumulando intereses desde el impago de 2017. JPMorgan calcula que el total de las reclamaciones por bonos, incluidos los intereses vencidos, alcanza los 102.000 millones de dólares.
Las diferentes condiciones de los bonos podrían complicar un acuerdo.
Un bono de PDVSA con vencimiento en 2020 está respaldado por una participación mayoritaria en la refinadora estadounidense Citgo. Algunos bonos más antiguos son más vulnerables a litigios por parte de acreedores que se nieguen a aceptar la reestructuración.
También existe un bono del sector eléctrico por valor de 650 millones de dólares, emitido por Electricidad de Caracas (Elecar).
¿Cuánto debe Venezuela a otros países?
Según diversos informes, la deuda bilateral total de Venezuela asciende a unos 25.000 millones de dólares.
Los acreedores bilaterales suelen ser los primeros en reestructurar la deuda. El Club de París —un grupo de 22 naciones acreedoras oficiales— suele ayudar a establecer la referencia para el alivio de la deuda que se espera de otros acreedores.
Venezuela adeuda 8.690 millones de dólares a los miembros del Club de París.
Solo Rusia ha otorgado al menos dos préstamos en los últimos 15 años, incluida una deuda de 3.200 millones de dólares reestructurada en 2017, según datos de AidData.
Venezuela también adeuda una suma considerable a China mediante préstamos respaldados por petróleo, lo que podría otorgar a Pekín una ventaja sobre otros acreedores. JPMorgan estima que dichas obligaciones oscilan entre los 13.000 y los 15.000 millones de dólares.
Pekín condenó la reorientación de las exportaciones petroleras venezolanas a principios de enero y afirmó que «los derechos e intereses legítimos de China y otros países en Venezuela deben ser protegidos».
Venezuela ha sido imprecisa respecto a sus planes para la deuda oficial, indicando que se abordaría mediante la «normalización institucional», sin detallar el proceso ni si esto implicaría una reestructuración formal.
¿A cuánto asciende la deuda a prestamistas multilaterales?
Según Fitch, el país adeuda aproximadamente 4.000 millones de dólares a bancos multilaterales de desarrollo, principalmente al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (BADL), con sede en Caracas, y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Estas instituciones suelen gozar de estatus de acreedor preferente y no se espera que sufran pérdidas en una reestructuración.
¿A cuánto aumentan las reclamaciones de arbitraje y las indemnizaciones judiciales?
Más de 50 empresas han presentado reclamaciones contra Venezuela y PDVSA tras las expropiaciones llevadas a cabo durante el mandato del expresidente Hugo Chávez.
Datos recopilados por Transparencia Venezuela y PublicDebtIsPublic sitúan el valor de los laudos arbitrales y las sentencias judiciales en más de 20.000 millones de dólares, sin contar los intereses vencidos; no obstante, estas organizaciones advierten que sus cifras podrían no abarcar la totalidad de las reclamaciones. Algunos acreedores buscan cobrar sus créditos mediante la venta de Citgo Petroleum ordenada por los tribunales, operación que requiere la autorización de Estados Unidos.
Los laudos arbitrales y las sentencias judiciales representan reclamaciones legalmente exigibles en manos de diversos acreedores, sin que exista un mecanismo colectivo que los obligue a aceptar un acuerdo negociado. Dado que estas obligaciones constituyen al menos el 10% del volumen total de la deuda de Venezuela, los expertos señalan que será necesario abordarlas.
Y luego, el resto…
El límite superior de las estimaciones de deuda ronda los 200.000 millones de dólares; ¿dónde están los 40.000 millones restantes?
Algunas deudas nunca llegaron a los tribunales ni a arbitraje, lo que dificulta su seguimiento.
Por ejemplo, la petrolera española Repsol afirma que Venezuela le adeuda 4.550 millones de euros (5.160 millones de dólares), mientras que la italiana ENI indicó que su deuda pendiente con PDVSA alcanzaría los 3.300 millones de dólares a finales de 2025, incluyendo cerca de 1.000 millones en intereses acumulados.
Otras reclamaciones podrían incluir pagarés (documentos de reconocimiento de deuda legalmente vinculantes) asociados a créditos a la exportación o a proveedores.
La deuda interna también podría incrementar la cifra total, lo que preocupa a algunos inversores, ya que resultaría más complejo determinar su legitimidad.
Sin una auditoría externa o la participación de instituciones como el FMI o el Banco Mundial, los inversores podrían cuestionar los criterios de evaluación de las reclamaciones y qué deudas se incluyen en el cómputo. Venezuela ocupó el puesto 180 de entre 182 países y territorios en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 de Transparencia Internacional.
Las reclamaciones consideradas lo suficientemente válidas para integrarse en el perímetro de la reestructuración de la deuda podrían generar controversia, ya que su inclusión elevaría el monto total de la deuda y obligaría a los acreedores a asumir mayores pérdidas, indica una investigación de Reuters.
Fuente: Banca y Negocios