El expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Juan Carlos Castillo, advierte que los montos establecidos para los trámites relacionados con registros y notarías pudieran ocasionar la inhibición de los mismos.
«Sustituir a la Unidad Tributaria y se incorpora al petro, establecer pisos y trechos en función del petro y el cálculo de los servicios en registros y notarías se incrementa exponencialmente y el petro está basado en divisas, indirectamente se produce una dolarización de servicios públicos, en este caso, lo vinculado a los registros y notarías», manifestó.
Al respecto, un grupo de abogados solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del instrumento legal por considerarlo «inconstitucional», «lo que procedería es que la Sala Constitucional instale medidas cautelares de suspensión de efectos».
«Lo de las capitulaciones matrimoniales, para mantener separación de bienes durante el matrimonio, el máximo que pudiera cobrar el Saren por estas actuaciones, pudiera costar hasta 3.000 dólares», detalló.
«La ley debió reformarse para que hubiese una razonable equivalencia entre lo que pagas por el servicio y su costo, no para inhibir al usuario de poder acudir a los registros y notarías», subrayó.
Fuente: Banca y Negocios