A principios de año, el aumento de precios de los inmuebles hasta un 30 por ciento a pesar de la baja demanda fue una realidad, sin embargo, cinco meses más tarde y dos terremotos después, el panorama del sector inmobiliario venezolano no solo cambió, sino que ahora se acentúan más el déficit habitacional preexistente, la necesidad de revisar el marco legal con respecto al arrendamiento y sobre todo, brindarle una solución a 17.907 personas que perdieron su hogar.
Después del 3 de enero, el mercado inmobiliario nacional apostó a una apertura y aumento de la inversión proyectando un posible cambio político, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de EEUU, sin embargo, Pablo González Traviseso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, afirmó para el New York Times en febrero que «las personas tuvieron una percepción netamente emocional, sin una base racional, de que sus inmuebles costaban más».
La abogada María Teresa Brito, presidenta de la cámara inmobiliaria de La Guaira, sostiene que en este momento «el mercado inmobiliario ha entrado en un periodo de evaluación, reestructuración y reajuste prioritario», siendo la prioridad absoluta el levantamiento de diagnósticos técnicos y la evaluación estructural de los inmuebles en coordinación con los entes competentes, ingenieros y arquitectos, sobre todo en el estado La Guaira.
Brito hace énfasis en que la dinámica comercial de compraventa «se ha ralentizado de forma momentánea» debido a que la atención se ha desplazado hacia atender la emergencia, brindar asesoría jurídica y reubicación temporal.
En contraste, el aumento en la demanda de alquileres también ha sido una consecuencia directa de la devastación posterremoto en un mercado que «se proyecta con picos de desviación que no atienden a un verdadero mercado inmobiliario sino a la necesidad de nuevas viviendas para las personas que las perdieron», afirma a TalCual el abogado especialista en Derecho Procesal Civil y Arbitraje Comercial y profesor de la UCAB, Álvaro Badell Madrid.
Los patrones de consumo cambiaron
Badell, además de trabajar con litigios civiles y mercantiles que hacen que «tenga que ver contratos de arrendamiento todos los días», también es propietario de un apartamento en La Castellana que alquiló después del 24 de junio.
«El inmueble estaba vacío desde diciembre y a partir del doblete sísmico lo fui mostrando diariamente a través de una inmobiliaria. Muchas de las personas interesadas eran familias de zonas aledañas que sus edificios se dañaron y necesitan estar de seis meses a un año en otro sitio mientras los reparan», comenta Badell.
La urgencia de buscar donde vivir también está condicionada por el impacto psicológico provocado por los terremotos que ha cambiado los patrones de consumo de los nuevos inquilinos: la tendencia es hacia viviendas unifamiliares en pisos bajos y edificios de baja densidad.
«Existe un temor comprensible hacia los pisos superiores en torres de gran altura, condicionado no solo por la percepción de seguridad durante el sismo, sino también por la operatividad postevento en servicios como ascensores, suministro de agua por bombeo y electricidad», asegura la presidenta de la cámara inmobiliaria de La Guaira, quien además es asesora inmobiliaria certificada.
Belkis Rojas, también asesora inmobiliaria, afirma a TalCual que tras los terremotos «las personas están solicitando datos sobre la altura del inmueble, condiciones del estado de la edificación, si es antisísmica, lo que rodea a dicho inmueble y si los alrededores fueron afectados».
Por su parte, Antonio Guerrero, otro asesor inmobiliario, compartió a través de una publicación en Instagram aspectos claves que buscan los compradores e inquilinos luego de los sismos del 24 de junio. Destaca que «la conversación en Caracas (y en Venezuela) dejó de ser sobre metros cuadrados y pasó a ser sobre resistencia estructural».
Todos los expertos consultados por TalCual coinciden en que los precios de los alquileres se han mantenido. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales han denunciado alzas del canon de alquiler después de los terremotos por parte de propietarios que justifican el aumento «porque el edificio no sufrió daños».
La reforma de la ley genera expectativa
Ante la emergencia, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el nuevo proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, con el objetivo de reactivar el mercado de alquileres.
«He visto el proyecto de ley que se aprobó en primera discusión por la Asamblea Nacional y tiene innovaciones como que el arrendador y arrendatario pueden decidir resolver sus conflictos a través del arbitraje comercial privado», afirma Álvaro Badell Madrid.
La reforma de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda promulgada en 2011 por Hugo Chávez, ha sido fuertemente criticada por expertos debido al desequilibrio en la relación entre arrendador y arrendatario, fomentando la desconfianza de los propietarios para alquilar sus inmuebles.
«Es clave flexibilizar la regulación para estimular la oferta de viviendas en alquiler, brindando seguridad jurídica tanto al propietario que ofrece su inmueble en momentos de emergencia como al inquilino que necesita un techo rápido», sostiene la abogada María Teresa Brito.
Badell señala que históricamente en Venezuela no se construyen viviendas con propósito de alquiler sino con énfasis en la compraventa y «hasta para la especulación inmobiliaria», entonces, ve en la reforma de la ley una oportunidad para que «se atienda el negocio del arrendamiento inmobiliario para uso vecinal y comercial» de una forma equilibrada.
¿Qué respuesta tiene el mercado para quienes lo perdieron todo?
Desde la Cámara Inmobiliaria de La Guaira, Brito afirma que «es momento de actuar con responsabilidad gremial y compromiso social con las familias afectadas» y hace «un llamado firme a la ética y a la solidaridad del sector».
La encargada del Ejecutivo nacional, Delcy Rodríguez, convocó a «las empresas nacionales con experticia y a las empresas internacionales con experticia para la construcción agresiva y rápida de viviendas» y habló sobre la proyección de ciudades y viviendas antisísmicas.
En opinión de Badell, la emergencia por el doblete sísmico «va requerir un espaldarazo de todos los sectores» tanto públicos como privados para la reconstrucción de los inmuebles e impulsar un programa de viviendas sociales «bajo normas antisísmicas verdaderas».
El desarrollo habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela ha sido objeto de críticas por parte de la ciudadanía y de expertos ante el colapso que sufrieron las viviendas de interés social durante los sismos del pasado 24 de junio. Delcy Rodríguez rechazó los cuestionamientos y aseguró, en una rueda de prensa para medios internacionales el pasado 3 de julio, que «el 80 por ciento de los edificios que colapsaron son de desarrollo privado».
Las denuncias sobre fallas y construcciones deficientes de la Misión Vivienda han sido documentadas a través de investigaciones periodísticas y tras la catástrofe natural quedaron expuestas.
Fuente: Tal Cual Digital