Es alentador que la frontera con Colombia se reabra y se restablezcan las relaciones comerciales, en función de que el intercambio de productos se formalice tanto como sea posible y se reduzca el mil millonario contrabando, cuyos gestores han sido los grandes beneficiarios de la hostilidad política entre gobiernos de naciones hermanas.
En la nueva etapa política que comenzó a vivir Colombia, luego del triunfo del presidente Gustavo Petro, se espera que las relaciones entre nuestros países vecinos se consoliden, no solo en la escala económica, sino que las iniciativas de paz del Ejecutivo neogranadino permitan que en nuestro lado de la frontera haya paz para que las actividades productivas marchen con normalidad.
La verdad es que todas las fronteras son complejas, pero la que existe entre Venezuela y Colombia, una extensión de 2.219 kilómetros, lo es especialmente, debido a un intercambio cultural, social y económico especialmente intenso, cuyas dinámicas no han sido históricamente manejadas con criterio y sentido estratégico.
Más allá de si se está de acuerdo o no con la orientación de los gobiernos actuales de Venezuela y Colombia, es importante que los gremios empresariales participen en el proceso de reactivación de relaciones con ánimo constructivo.
El acuerdo recién firmado entre organizaciones empresariales de ambos países tiene la virtud de no albergar una mirada de corto plazo, sino que pone sobre la mesa cambios de fondo, en aspectos jurídicos-regulatorios y de seguridad que es urgente abordar, con el objetivo de que la relación prospere sobre bases más estables.
En Aristimuño Herrera & Asociados, de acuerdo con los datos que manejamos, pensamos que, en el corto plazo, las expectativas de recuperación del comercio deben ser cautas. Vemos difícil una recuperación explosiva, aunque en 2021 el intercambio facturó apenas 394 millones de dólares, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DENA).
Además, hay un asunto que conviene no descuidar: un sistema de protección razonable de la producción nacional, especialmente la agrícola. Un caso concreto: la Confederación Nacional de Productores de Papa ha denunciado que desde el vecino país se está registrando una entrada creciente de este producto y hortalizas desde Colombia a precios artificialmente bajos.
La organización denuncia diferenciales de hasta 45% en favor del producto colombiano, cuando en el mercado del país vecino, el precio es considerablemente más alto.
Este es solo uno de los desajustes que deben resolverse. También está el contrabando de combustible que sigue castigando a los empresarios fronterizos y de otros estados del país con precios elevados, por encima de los estándares internacionales.
En consecuencia, vemos el restablecimiento de relaciones como un proceso y una oportunidad para corregir fallas históricas que permitan un intercambio comercial equitativo, con adecuados niveles de rentabilidad y socialmente beneficioso para ambos países.
No se trata solo de reabrir los pasos, se trata de reorganizar el funcionamiento de la frontera con una estrategia comercial bien estructurada y con una plataforma de seguridad y servicio que permita reducir los costos asociados al delito y a las irregularidades de la gestión fronteriza en un territorio poroso, donde el contrabando y otros crímenes se producen al amparo de una histórica indolencia.
Fuente: Banca y Negocios