Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para la Elaboración e Implementación de los Mecanismos de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, reconoció que la ley contra el odio ha tenido problemas en su aplicación y señaló que en algunos casos se ha actuado de forma incorrecta, especialmente en procedimientos vinculados con la revisión de teléfonos móviles.
Durante una entrevista con Circuito Éxitos, Arreaza afirmó que la norma “a veces se ha aplicado muy bien y a veces muy mal”, al referirse a detenciones e imputaciones basadas en mensajes encontrados en dispositivos personales.
Indicó que no existe derecho a revisar el teléfono de una persona en una alcabala si no está bajo investigación formal. “No hay derecho a revisar el teléfono a una persona en una alcabala; si tú estás bajo una investigación o una imputación, ya eso es otra cosa”, sostuvo.
Sin embargo, defendió que en otras situaciones la actuación de las autoridades permitió prevenir hechos de violencia, como presuntas amenazas contra terceros a través de grupos de mensajería.
“Revisar y reformar” la ley contra el odio
Señaló que la norma requiere reglamentación precisa que delimite cómo debe utilizarse para evitar interpretaciones amplias o discrecionales. “Podemos revisarlas, reformarlas, pero sobre todo reglamentar su uso”, dijo sobre posibles cambios de la ley contra el odio y otras normas vinculadas con delitos políticos.
El parlamentario manifestó que aunque ciertos casos no encajan en de los supuestos contemplados en la ley de amnistía, existe una comisión que evalúa expedientes y puede recomendar cierre de procesos o medidas sustitutivas cuando considere que el “espíritu de la reconciliación” lo permite.
Entre ellos mencionó el de los policías metropolitanos condenados por homicidio intencional y señaló que ese delito, al igual que violaciones graves de derechos humanos, tráfico de drogas y corrupción, no puede ser objeto de amnistía según los criterios establecidos.
“A mí me encantaría poder amnistiarlos, pero es una de las exclusiones claras en todas las leyes de amnistía”, dijo.
Informó que se han recibido más de 3.000 solicitudes de revisión y que cerca de 180 personas ya gozan de libertad plena. Aseguró asimismo que fiscales, jueces y defensores públicos trabajan en la evaluación de los casos.
Fuente: El Nacional