La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reafirmó este viernes el rechazo del país al laudo arbitral de 1899, al que calificó de “fraudulento”, y el no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ni de ninguna decisión que emane de ese tribunal en la disputa por la Guayana Esequiba.
El comunicado llega tras un episodio diplomático que sacudió a Guyana. El jueves 19 de noviembre, Reuters informó que un funcionario del Gobierno de Donald Trump sugirió a Guyana en los últimos meses que considerara ceder parte de su territorio a Venezuela, según tres personas familiarizadas con el asunto.
La agencia identificó al funcionario como Jeremy Lewin, entonces responsable de planificación política del Departamento de Estado. Lewin confirmó a Reuters que mantuvo “conversaciones preliminares y confidenciales” con representantes de Guyana y de Venezuela sobre la disputa.
Según Reuters, el comentario obligó a Washington a asegurar a las autoridades guyanesas que su postura sobre el Esequibo no había cambiado.
La respuesta de Washington y de Georgetown
El mismo jueves, el Departamento de Estado respondió en un comunicado enviado a la agencia EFE: “La postura con respecto a la frontera terrestre entre ambos países no ha cambiado. Estados Unidos reafirma su respaldo al laudo arbitral de 1899”.
El texto añadió que el laudo debe ser respetado, a menos que o hasta que un órgano jurídico competente o el consentimiento de ambas partes establezcan una nueva delimitación fronteriza.
Guyana, por su parte, afirmó que recibió la garantía del Gobierno de Estados Unidos de que nada ha cambiado. El presidente Irfaan Ali sostuvo que Washington apoya que la disputa se resuelva mediante un fallo de la CIJ, pese a los informes de prensa sobre una negociación.
Lo que dice Caracas
En su pronunciamiento, Rodríguez exhortó a Guyana a cumplir las “obligaciones ineludibles” del Acuerdo de Ginebra de 1966 y resolver la controversia mediante “negociaciones satisfactorias para ambas partes”.
Añadió que “ningún país puede pretender zafarse de sus obligaciones internacionales amparándose en terceros o en órganos externos incompatibles con sus obligaciones preexistentes”.
Fuente: Finanzas Digital