El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, descartó este martes 10 de noviembre que la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico represente una privatización de la infraestructura estatal. Según explicó, la normativa busca ampliar la prestación del servicio mediante la incorporación de empresas privadas, mientras el Estado mantendrá la responsabilidad sobre el suministro eléctrico.
«En modo alguno es una privatización, es una ampliación de la prestación del servicio de energía eléctrica», afirmó Rodríguez al explicar el alcance de los cambios aprobados por el Parlamento en segunda discusión.
El titular del Legislativo señaló que los inversionistas privados podrán instalar plantas de generación, desarrollar proyectos de autogeneración e incluso importar electricidad desde países vecinos, siempre bajo las condiciones establecidas en el nuevo marco legal.
«El Estado mantiene la obligación permanente de atender la prestación del servicio de energía eléctrica, pero también puede entrar un privado», indicó. Banca y Negocios.
Tarifas eléctricas estarán indexadas a la divisa de mayor valor
Uno de los aspectos destacados por Rodríguez fue el mecanismo de cobro del servicio. El parlamentario confirmó que las tarifas estarán indexadas a la moneda de mayor valor, con el propósito de establecer un esquema que permita sostener económicamente las operaciones del sistema.
No obstante, aclaró que la reforma contempla un régimen de subsidios para proteger a determinados sectores de la población.
«Ese criterio está establecido en la ley, la existencia de una tarifa subsidiada, pero es el reglamento el que va a desarrollar, a través de la superintendencia, esa tarifa», explicó.
De esta manera, la aplicación concreta de los subsidios y las condiciones para determinar las tarifas dependerán de las disposiciones reglamentarias y de los mecanismos de supervisión que establezca la normativa.
Hasta el momento, las declaraciones no incluyen un nuevo cuadro tarifario ni especifican cuánto deberán pagar los usuarios residenciales por el consumo eléctrico.
Empresas privadas podrán generar y comercializar electricidad
Rodríguez recordó que empresas privadas participaron históricamente en distintas áreas del sector eléctrico venezolano. Como ejemplo, mencionó a La Electricidad de Caracas, cuya administración privada se mantuvo hasta 2007.
Según su explicación, las compañías privadas concentraban sus operaciones en zonas de mayor rentabilidad comercial, mientras que el Estado asumía la responsabilidad de garantizar el suministro en localidades menos favorecidas.
La reforma busca establecer nuevas condiciones para la participación empresarial en actividades de generación y comercialización, además de facilitar inversiones nacionales e internacionales destinadas a recuperar la infraestructura eléctrica.
Entre los objetivos anunciados también figuran la simplificación de procedimientos administrativos, el financiamiento de obras, la incorporación de fuentes renovables y la modernización de las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Reforma busca atender las fallas del sistema eléctrico
La modificación legal se plantea en un contexto de dificultades operativas, interrupciones del servicio y problemas de generación y transmisión que afectan a distintas regiones del país.
La apertura a la inversión privada pretende incorporar recursos y capacidades técnicas para atender esas deficiencias. Sin embargo, los resultados dependerán de la implementación de la ley, las inversiones que se concreten y las condiciones regulatorias que se establezcan.
La reforma mantiene al Estado como responsable de la rectoría del sistema, según lo expuesto por Rodríguez, pero introduce mecanismos para que empresas privadas participen en la prestación del servicio.
Fuente: Aporrea