Oliver Blanco, canciller de Venezuela, aseguró durante la Cumbre Iberoamericana que el gobierno interino de Delcy Rodríguez avanza en un proceso de transformación democrática, recuperación económica y reconstrucción institucional para superar la crisis del país.
El funcionario sostuvo que esta nueva etapa busca estabilidad política, recuperar la confianza internacional y facilitar la integración de Venezuela a los mercados globales, con el objetivo de ampliar las oportunidades económicas en Iberoamérica.
“Estamos convencidos de que una Venezuela más estable, más democrática y más próspera, plenamente integrada a los mercados internacionales, contribuirá al desarrollo de toda Iberoamérica”, dijo Blanco desde Madrid.
Entre las medidas anunciadas destacó la aplicación de la Ley de Amnistía, que ha beneficiado a más de 8.000 personas, y el restablecimiento del acceso a 38 portales informativos que estaban bloqueados.
Sin embargo, la organización VE sin Filtro denunció el miércoles que aún hay 140 páginas web bloqueadas por el gobierno.
También mencionó la cooperación con organismos de derechos humanos y las reformas a la Ley del Odio como parte de las acciones para promover la reconciliación nacional.
El canciller informó que las negociaciones entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino permitieron alcanzar acuerdos para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), proceso que debería completarse antes de finalizar este año.
Asimismo, indicó que Venezuela solicitó asistencia técnica a la Unión Europea para modernizar el sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho.
Reformas económicas
En materia económica, Blanco señaló que la Cepal proyecta un crecimiento de 6,5% para Venezuela durante 2026, en un contexto de 22 trimestres consecutivos de expansión económica.
La agenda de modernización incluye reformas a la legislación de hidrocarburos y minería, simplificación de trámites administrativos y cambios en el sistema tributario para mejorar las condiciones de inversión y competitividad.
También contempla modificar el marco legal del Sistema Eléctrico Nacional para facilitar la participación de capital privado en la generación de energía.
Fuente: El Nacional