La economía digital venezolana avanza a un ritmo acelerado y podría movilizar alrededor de US$80.000 millones anuales, según una estimación presentada por Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e). El cálculo, asociado a actividades que aún operan parcialmente fuera de los registros formales, revela el reto de medir, ordenar y regular un ecosistema que abarca desde ventas por redes sociales hasta pagos electrónicos y nuevas modalidades de crédito.
Ujueta señaló que el sector creció 84% entre enero y septiembre de 2026, luego de un salto de 125% en 2025, impulsado por miles de pequeños comercios y emprendedores que utilizan plataformas digitales sin necesariamente integrarse a los canales tradicionales de formalización.
El gremio estima que 3.500.000 comerciantes informales participan en esta economía, con un ticket promedio mensual de US$500 por actor, aunque no se detalló el método de cálculo. La expansión de los pagos móviles es otro de los motores: según Cavecom-e, estas operaciones alcanzan un ritmo de 8.500 transacciones por minuto y podrían mover más de US$70.000 millones al cierre de 2026, de acuerdo con datos citados por Bloomberg Línea.
Debate legislativo: hacia una Ley Orgánica de Economía Digital
El crecimiento del comercio digital abrió una discusión sobre la necesidad de actualizar el marco normativo. El diputado Ramón Lobo propuso desarrollar una Ley Orgánica de Economía Digital, concebida como un marco general para ordenar y promover las actividades del sector.
La iniciativa parte de que no existe un vacío regulatorio absoluto, sino un conjunto de normas que (según Lobo) requieren actualización, articulación y desarrollo específico. Bajo esta ley marco podrían impulsarse instrumentos para áreas como:
- Comercio electrónico
- Servicios financieros digitales
- Criptoactivos
- Inteligencia artificial
- Ciberseguridad
El planteamiento incluye la creación de un Consejo Nacional para la Economía Digital, encargado de coordinar a los organismos públicos sin concentrar competencias en una sola instancia. También prevé la participación del sector privado, las universidades y las organizaciones sociales, con una secretaría técnica para facilitar la articulación entre actores.
Fuente: El Universal