Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó el reciente convenio petrolero firmado con el gobierno de Donald Trump como «uno de los más grandes jamás suscritos» y afirmó que contribuirá al «sostenimiento de la economía internacional».
El convenio, concretado en agosto con la firma North American Blue Energy Partners (NABEP), abarca 17 yacimientos energéticos que albergan unas reservas estimadas de 65.000 millones de barriles de crudo (equivalentes al 20% de las reservas probadas del país) y otorga a Washington una participación del 35% en la empresa matriz encargada de su explotación.
Asimismo, el pacto concede preferencia a Estados Unidos para la compra de crudo, incluyendo la entrega del 20% del volumen comprometido a precio de costo, así como el derecho de primera opción (right of first refusal) para el 80% restante a precios de mercado.
Durante su intervención, Rodríguez dirigió un agradecimiento a Donald Trump, destacando su predisposición para superar la «confrontación agudizada» entre ambos países.
La mandataria resaltó que el encuentro a puerta cerrada que sostuvo este martes con el presidente estadounidense representó la primera reunión bilateral a nivel de jefes de Estado desde 2009.
Cuestionamientos fiscales
Pese a la defensa oficial ante la ONU, el diseño del acuerdo ha generado reparos entre analistas financieros. El economista José Guerra señaló que los términos del pacto implican un sacrificio fiscal para el Estado venezolano superior a los US$ 6.000 millones.
Según las estimaciones de Guerra, la adjudicación directa de los 17 campos sin un proceso de licitación pública restó unos US$ 4.500 millones que se habrían podido recaudar mediante un esquema competitivo de subasta. A ello sumó una pérdida proyectada de US$ 1.700 millones derivada de la obligación de vender el 20% del crudo a precio de costo, sin margen de beneficio comercial para la nación.
Asimismo, Guerra enfatizó que, en cumplimiento del artículo 150 de la Constitución de la República, todo contrato de interés público nacional requiere la ratificación previa de la Asamblea Nacional para ser jurídicamente válido.
«Habrá elecciones»
En el ámbito político interno, Rodríguez aseguró que su administración encabeza un «proceso de transformación democrática» enfocado en reformas institucionales y jurídicas para superar la polarización. Sin embargo, no precisó detalles ni cronogramas sobre dichas modificaciones.
Respecto al panorama electoral, la gobernante interina sostuvo que «habrá elecciones en el momento correcto», sin fijar fechas ni condiciones para su convocatoria, aun cuando el periodo de 180 días estipulado para la interinidad venció el pasado mes de julio.
Las declaraciones de la mandataria se dan en paralelo a las observaciones de la misión de seguimiento de las Naciones Unidas para Venezuela, la cual advirtió recientemente que aún no se observan indicios suficientes de una «ruptura genuina y sostenible» con la estructura de gobierno establecida desde 1999.
Fuente: Finanzas Digital