El Gobierno español aprobó este martes el decreto que habilita una regularización extraordinaria para alrededor de medio millón de migrantes que ya residen en el país. La norma exige carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden o la seguridad públicos.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó que la medida constituye “un acto de coherencia ética y de justicia social”. Indicó que las solicitudes podrán presentarse desde el 16 de abril de forma telemática, y que ese mismo día se abrirá el sistema de citas para la atención presencial, que comenzará el día 20.
La regularización, anunciada en enero, se produce tras una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 600.000 firmas, que quedó detenida en el Congreso por falta de acuerdo político. El proceso permitirá obtener permisos de residencia y trabajo a quienes cumplan los requisitos.
En una carta pública, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que la medida reconoce la presencia de cientos de miles de personas que ya forman parte de la vida cotidiana del país y contribuyen a sectores esenciales. Añadió que también responde a una necesidad demográfica ante el envejecimiento de la población.
Sánchez destacó que la regularización fue solicitada por actores diversos, como la Iglesia católica y organizaciones sociales, que consideran necesario reforzar la capacidad productiva y el mercado laboral.
El Partido Popular (PP) expresó su rechazo a la medida, a la que calificó como un “sinsentido”, y anunció que recurrirá a todas las instancias para impugnarla. Vox informó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo y lanzó una campaña sobre lo que considera consecuencias de la inmigración “masiva”.
Fuente: Finanzas Digital