Como parte de su esfuerzo por prevenir y limitar la migración ilegal, la administración de Donald Trump había anunciado hace varios meses su intención de remover la ciudadanía a personas que la obtuvieron de manera ilegal o fraudulenta. En otras palabras, "desnaturalizarlos", para usar el término específico.
Se trata de un proceso que ya venía aplicándose, pero siempre reservado para casos muy puntuales y a través de un riguroso procedimiento judicial.
Sin embargo, el diario The New York Times reveló un memorando interno enviado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (Uscis) en el que se pide a los funcionarios elevar las cuotas de desnaturalización a niveles nunca antes vistos a partir de 2026.
Según el reporte, la meta es remover la ciudadanía a entre 100 y 200 personas al mes, o más de 1.500 desnaturalizaciones al año. Una cifra diez veces mayor que el total acumulado de desnaturalizaciones en los últimos ocho años (van unas 120 desde 2017).
La decisión ha generado temor en amplios sectores de la comunidad inmigrante, donde ahora parece que ni siquiera los ciudadanos naturalizados estarían completamente a salvo.
Para dimensionar el alcance de la medida, es clave entender en qué consiste la naturalización y bajo qué condiciones puede revertirse.
¿En qué consiste la desnaturalización?
La naturalización es el proceso mediante el cual un inmigrante obtiene la ciudadanía estadounidense tras cumplir una serie de estrictos requisitos. Entre ellos, ser residente permanente legal por varios años, demostrar buen carácter moral, aprobar exámenes de idioma inglés y civismo, someterse a revisiones exhaustivas de antecedentes y jurar lealtad a la Constitución.
Se trata de un procedimiento largo, altamente documentado y diseñado precisamente para detectar fraudes o inconsistencias.
La desnaturalización, en contraste, es una herramienta excepcional. La ley federal solo permite revocar la ciudadanía cuando se demuestra que esta fue obtenida mediante fraude, tergiversación de hechos materiales u ocultamiento deliberado de información relevante.
También puede aplicarse para casos muy específicos de delitos graves, como terrorismo o crímenes de guerra. En todos los casos, la revocatoria debe pasar por una corte federal y cumplir con un estándar probatorio extremadamente alto, establecido reiteradamente por la Corte Suprema.
Ese carácter extraordinario es lo que ha despertado fuertes críticas frente a la idea de establecer cuotas o metas numéricas.
Los riesgos de la desnaturalización
"Imponer objetivos mensuales corre el riesgo de politizar la revocación de la ciudadanía y convertir una herramienta rara y seria en un instrumento burdo", dijo Sarah Pierce, ex funcionaria de Uscis en declaraciones a The New York Times.
A su juicio, exigir cifras diez veces superiores a las históricas solo "alimenta el miedo y la incertidumbre entre millones de estadounidenses naturalizados".
Una preocupación similar expresa Margy O`Herron, investigadora del Brennan Center for Justice. Para O`Herron la experiencia demuestra que cuando el Departamento de Seguridad Nacional fija metas arbitrarias, "personas que no deberían ser alcanzadas terminan siéndolo".
En el contexto de la ciudadanía, añadé, el impacto podría ser aún más profundo, pues erosionar la idea de que la naturalización es un estatus permanente.
¿Podrá lograrse la cuota planteada por Trump?
Pero las críticas no se limitan al plano político o ético, sino también al práctico.
Para Ricky Murray, ex jefe de gabinete de la agencia para Refugiados y Operaciones Internacionales, los objetivos planteados por la administración son, en la práctica, irreales.
"El estándar legal -dice Murray- es extremadamente alto y que cada caso requiere años de investigación, fiscales especializados y procesos judiciales complejos. Uscis puede enviar más expedientes al Departamento de Justicia, pero la carga probatoria ante las cortes no cambia. Procesar ese volumen de casos es virtualmente imposible".
Las cifras actuales respaldan ese diagnóstico. En 2025, el Departamento de Justicia ha llevado 13 casos de desnaturalización a los tribunales federales y ha ganado ocho, una tasa de éxito significativa pero que ilustra sus limitaciones.
Murray y otros expertos subrayan que para acercarse a las metas anunciadas sería necesario un aumento sustancial de personal y recursos en un sistema judicial ya sobrecargado.
Algunos críticos cuestionan además la prioridad de la estrategia.
Amanda Baran, otra ex funcionaria de Uscis, señaló que en lugar de dedicar tiempo y recursos a revisar nuevamente los expedientes de ciudadanos estadounidenses que ya fueron examinados de forma exhaustiva cuando se les concedió la ciudadanía, la agencia debería concentrarse en procesar solicitudes y reducir los atrasos, que es su misión central.
La ciudadanía, advierte Baran, "es demasiado fundamental para nuestra democracia como para que sea retirada a la ligera".
Desde la administración y los sectores que respaldan una política migratoria más dura, el argumento es distinto.
Mark Krikorian, presidente del Center for Immigration Studies, dice, por ejemplo, que la baja tasa de desnaturalizaciones demuestra que están muy lejos de excederse y que es necesaria una política más agresiva para corregir los abusos que se cometieron en el pasado.
Uscis, por su parte, defendió la medida asegurando que priorizará a quienes "mintieron o se tergiversaron" durante el proceso de naturalización.
El Departamento de Justicia amplió incluso el universo de posibles objetivos, incluyendo personas vinculadas a pandillas, carteles de droga, delitos financieros y crímenes violentos.
Según el último censo, EE UU cuenta hoy con unos 26 millones de ciudadanos naturalizados.
Solo el año pasado, más de 800.000 personas juraron como nuevos ciudadanos, en su mayoría nacidas en México, India, Filipinas, República Dominicana y Vietnam.
Aunque la mayoría de las personas desnaturalizadas regresan al estatus de residentes legales y no son expulsados, expertos coinciden en que el impacto simbólico de esta ofensiva podría ser mucho mayor que su alcance real.
Más allá del número final de casos, lo que parece estar en juicio es el concepto de ciudadanía, históricamente entendido como un estatus prácticamente irrevocable, pero que ahora está en entredicho.
Fuente: El Nacional