El sector empresarial venezolano, agremiado en Fedecámaras, manifestó este martes, 8 de febrero, su “profunda preocupación” ante la reforma de la Ley de Grandes Transacciones Financieras, que supone un impuesto a las transacciones en monedas distintas a las de curso legal (bolívar y petro), por lo que se impondrá un gravamen a las operaciones con dólar, criptomonedas y cualquier otra divisa.
En rueda de prensa, Fedecámaras señaló que la medida configura nuevos obstáculos a la iniciativa individual y al desenvolvimiento del sector productivo nacional.
“Muy especialmente para la pequeña y mediana empresa, constituyendo un freno al desarrollo económico”, indicó.
La organización recordó que la reforma parcial de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras supone un gravamen sobre personas naturales o jurídicas no calificadas previamente como «contribuyentes especiales«.
Enfatizó que eso aplica independientemente de la capacidad económica, gravando las transacciones por la utilización como medio de pago de una moneda extranjera o criptoactivos.
“Ello se suma a la voracidad fiscal de los municipios del país, siendo urgente el establecimiento de medidas de armonización tributaria”, indicó.
Y expuso: “Venimos transitando una severa y dilatada contracción económica que se vio agravada por la emergencia sanitaria del covid-19. Ante tal situación, el sector privado brindó y continúa ofreciendo su mejor esfuerzo por mantener la oferta de productos y servicios a la población. Por su parte, la economía recurrió a mecanismos fácticos para enfrentar la crisis y la hiperinflación, que aliviaron el colapso de los medios de pago y la escasez de bolívares, constituyéndose el libre intercambio de la moneda en un factor coadyuvante en la estabilización del tipo de cambio, mayor certidumbre en el sistema de precios y permitiendo, finalmente, la leve recuperación económica observada en los últimos meses”.
Fedecámaras pidió a la Asamblea Nacional que hiciera una consulta nacional
Fedecámaras indicó que una vez que se anunció la segunda discusión del proyecto, se dirigió a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Esto con el fin de solicitar que se hiciera una consulta sobre el proyecto que incluyera al sector privado, debido a su impacto en la economía, en las fuerzas productivas del país y en la población.
“Lamentablemente, la consulta no tuvo lugar. El instrumento legal fue sancionado por la Asamblea Nacional el 3 de febrero sin contar con la discusión que incluyera a los actores sociales, económicos y empresariales establecida en las citadas disposiciones”, señaló.
¿Qué implica la reforma?
Fedecámaras hizo una serie de precisiones sobre el contenido del proyecto de Ley aprobado en el Parlamento.
Se debe recordar que aunque se denomina “Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras”, el ruido que ha causado la reforma se debe, por un lado, a que afecta la generalidad de las transacciones, incluidas las pequeñas. Y por el otro a que impone un gravamen a las monedas extranjeras, lo cual resulta alarmante en una economía que se ha venido dolarizando de facto desde 2019.
No solo afecta el uso del dólar
Esto sin considerar que en estados fronterizos con Colombia (Táchira y Zulia) en lugar del dólar, el peso colombiano se ha convertido en la moneda de uso corriente. A ello se agregan las crecientes transacciones con criptomonedas en Venezuela.
De acuerdo con Fedecámaras, los términos planteados en la Ley contrarían la realidad del mercado y va en contrasentido de una sana política de desarrollo económico. «Sobre todo si tomamos en cuenta que las empresas aún se encuentran en proceso de restablecer su patrimonio, luego de su afectación por la pandemia y las medidas de cuarentena, entre otros factores. Esto afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que se incorporan junto con las personas naturales, como contribuyentes del citado impuesto y que, más bien, exigen de todo el apoyo para hacerse sostenibles y evitar que continúe el cierre de empresas en el país”.
Fuente: El Nacional