El plan que comenzó en 2019 para devolver empresas en manos del Estado venezolano al sector privado parece ir a cuenta gotas. Por otra parte, salvo aisladas declaraciones de voceros gremiales sobre la entrega de activos, no hay información oficial de su avance. Sin embargo, fuentes consultadas afirmaron que no hay privatización ni devolución a antiguos dueños, solo traspaso en concesión.
Lo que se conoce hasta ahora, según señalaron fuentes empresariales a Finanzas Digital, es que aquellos activos con procesos de expropiación ya finiquitados son los susceptibles a ser administrados por privados. De acuerdo a los acuerdos firmados con aliados, el Estado mantiene la propiedad de las compañías y solo las entrega en concesión de 5, 10 a 20 años.
«Lo que está planteado es que todas esas empresas que tiene el Estado, que son un poco más de 330, es hacer alianzas entre el sector público y privado. De esta manera se captan inversiones, para en muchos de los casos repotenciarlas y en otros ponerlas a funcionar. No es privatización como tal, sino otorgarlas en concesión», explicó una fuente que prefirió su anonimato.
Representantes gubernamentales alegan que ceder los activos en concesión hace más expedito el traspaso. El objetivo, dijo la fuente, es que los recursos del aliado sean utilizados para reactivar las operaciones y luego se compartan las utilidades con el Estado. «Lo que se quiere es agilizar el proceso. Si fuera una venta, el inversionista tendría que erogar mayores recursos y no muchos pueden hacerlo».
Destacó que en los acuerdos firmados participan inversionistas nacionales e internacionales, aunque la fuente no precisó de donde provienen los capitales foráneos. Lo que sí resaltó es que las alianzas púbico-privado se llevan a cabo con más agilidad desde hace un poco más de un año. Aunque se desconoce el número de acuerdos.
En el gobierno de Hugo Chávez se ejecutó una gran cantidad de expropiaciones que conllevó demandas contra el país en tribunales internacionales. En este sentido, la fuente reiteró que el traspaso de empresas será con aquellas en las que se concluyó el proceso de expropiación y sus dueños indemnizados. «Hoy, el legítimo dueño es el Estado. Creo que hay una mala interpretación de los hechos. No hay una devolución de empresas a sus antiguos dueños», afirmó.
Acuerdos privados
En marzo de 2022, el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, dijo que un grupo de empresas tomadas por el gobierno serían devueltas a sus propietarios. Informó que a mediados del 2021, se recibió de Fedecámaras y de la Federación de Ganaderos de Venezuela un listado con las compañías cuyos propietarios estaban interesados en volver a operarlas.
Tres años han pasado y ambos sectores, público y privado, mantienen casi en secreto el avance del traspaso de los activos. Hasta la fecha, esa lista de empresas no ha sido divulgada por el Ejecutivo ni por los gremios.
De acuerdo a una nota publicada por TalCual en 2022, el diputado Martínez evitó revelar los nombres que integraban esa lista «por acuerdos internos».
La fuente consultada confirmó que los contratos son individuales «y se guarda la privacidad en torno al acuerdo, amparado en la Ley Antibloqueo». Esta norma permite no divulgar los términos de las negociaciones que se firmen con el Estado en época de sanciones.
Recientemente, Joel Segura, presidente de Fedecámaras Lara, informó que cuatro centrales azucareros en Yaracuy, Portuguesa, Zulia y Barinas, pasaron a manos del sector privado en alianza con el Ejecutivo. También mencionó que los ingenios situados en Barquisimeto y El Tocuyo en Lara, ya iniciaron labores.
Otras fincas, empresas de alimentos y de insumos agrícolas se traspasaron a privados, según informaciones extraoficiales. Hasta ahora, la única devolución conocida públicamente a su antiguo dueño, es la del centro comercial Sambil La Candelaria en 2022. Esta infraestructura regresó a la familia Cohen y a la Constructora Sambil después de 14 años en poder estatal. En este caso, nunca se concluyó el proceso de expropiación.
¿Revertir el proceso?
Devolver al sector privado las empresas del Estado es visto por analistas como una forma de revertir la política de expropiaciones de Chávez. Una investigación de la organización Transparencia Venezuela contabilizó en 914 las compañías públicas existentes para 2022.
Del total de Empresas Propiedad del Estado (EPE) identificadas, 692 estaban bajo control del Gobierno nacional. De éstas, 91 estaban domiciliadas fuera de Venezuela, 601 dentro del país y 219 administradas por las gobernaciones. Hasta el 2021, «al menos 33 activos fueron objeto de algún tipo de negociación para ser operadas por aliados privados».
De este registro de Transparencia se desprende que 161 eran empresas del sector manufacturero, 148 de hidrocarburos y 150 del sector agroalimentario. Mientras que 70 pertenecían al sector transporte, 63 a construcción, 57 a finanzas, 43 a minería y 39 a servicios públicos.
Para noviembre de 2024, se informó que el gobierno preparó un plan para transferir entre 500 y 600 empresas públicas, de las cuales 350 estaban listas para ofrecerlas a inversionistas prioritariamente nacionales. Es decir, 38% de las 914 EPE serían objeto de una venta directa o de alianzas entre el Estado y el capital privado. Hasta la fecha, según lo mencionado por las fuentes solo se llevan a cabo traspasos en concesión.
Tito López, presidente de Conindustria, sostuvo que transferir empresas inactivas al sector privado es positivo. «Se van a reactivar, a generar empleo, a pagar tributos, pasarán a la parte formal y van a ayudar al crecimiento económico del país. Poco a poco se van sumando a la actividad».
Indicó que las conversaciones se centran en empresas de alimentos, de medicamentos, de autopartes y repuestos, entre otros. «Están en conversaciones, es un plan que se activó desde hace más de un año con el anuncio del ministro de Industrias (Alex Saab). Los acuerdos son con empresarios que tengan músculo financiero para reactivarlas conjuntamente con el Estado».
Plan para los comercios
El traspaso de activos a privados se realiza principalmente en el sector industrial. No obstante, José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio, informó que están abiertos a las conversaciones con el Estado para incluir en esa lista a varias empresas comerciales.
«Estamos recabando la información de las empresas de servicios y así hacer la solicitud formal ante las autoridades competentes. La lista que ya se envió responde más a la industria, al área primaria y de transformación. Del sector comercio estamos levantando la data para hacer una subclasificación», indicó.
Rodríguez coincide con que este plan es un paso importante, «significativo y trascendente». Acotó que el Estado entendió que aliarse con el sector privado va en beneficio de un objetivo común: el crecimiento y generación de riqueza para los venezolanos.
«La historia en el mundo demostró que la forma más eficiente de que una industria genere ese tipo de condiciones es que se administre con criterios y estándares internacionales de alta gerencia privada. Y a su vez el Estado se ciña a la planificación de políticas públicas, a la gestión y supervisión y, no a la ejecución de actividades destinadas a privados», dijo.
Fuente: Finanzas Digital